¿Cazarrecompensas internacionales? La nueva medida que pone en alerta a México
En Tantita Tinta sabemos que el tema migratorio suele traer consigo muchas noticias complejas, pero lo que estamos viendo ahora parece sacado de una película de suspenso. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), está planeando una movida que ha dejado a expertos y defensores de derechos humanos con la boca abierta: la contratación de servicios de ‘cazadores de recompensas’ para localizar a personas que ya fueron deportadas de Estados Unidos.
¿El objetivo? Nada menos que cobrar multas que, según el gobierno estadounidense, siguen pendientes. Esta operación, denominada cínicamente como “Servicios de Localización y Recuperación de Pagos”, tiene en la mira a México, Honduras y Guatemala, aunque no se descarta que se extienda a otros países.
¿En qué consiste este plan?
El gobierno vecino está dispuesto a soltar hasta 9 millones de dólares (unos 175 millones de pesos mexicanos, aproximadamente) durante los próximos dos años para que empresas privadas le hagan el trabajo sucio. Estas compañías deberán localizar a los deportados, verificar dónde viven y hasta presentar pruebas físicas. Y cuando decimos físicas, hablamos de cosas como fotos de sus casas, recibos de luz, expedientes laborales y hasta certificados de defunción.
Para nosotros en Tantita Tinta, es preocupante ver cómo la tecnología y el rastreo de datos se usan de forma tan agresiva. Los contratistas deberán entregar a los afectados un folleto en español e inglés donde se desglosan las deudas que, según la CBP, tienen con el Tío Sam.
Cifras que marean y dudas legales
Para que te des una idea del tamaño del lío: desde julio pasado, se ha hablado de multas por un total de más de 84,000 millones de dólares (más de 1.6 billones de pesos) impuestas a inmigrantes. Algunas de estas sanciones pueden llegar hasta 1.8 millones de dólares (casi 35 millones de pesos). Lo peor es que, según abogados expertos, estas notificaciones están diseñadas para intimidar, afectando historiales crediticios e incluso embargando salarios o declaraciones de impuestos de quienes todavía están en EE. UU. o tienen familia allá.
¿Tiene sentido seguir persiguiendo a quien ya se fue?
Es la gran pregunta que se hacen muchos analistas. “No tiene sentido perseguir a la gente aquí si no tienen dinero”, explica Hasan Shafiqullah, abogado de la Sociedad de Asistencia Jurídica. Muchos de los deportados regresaron a sus hogares sin recursos, por lo que intentar cobrarles resulta, además de una crueldad, una operación financieramente cuestionable.
Además, existe una trampa: aunque el gobierno promete “condonar” las multas si la persona sale voluntariamente a través de la app CBP Home, esto no cubre tasas especiales de miles de dólares (como una de poco más de 100,000 pesos mexicanos) que el Congreso impuso para casos específicos. En pocas palabras, es un laberinto legal donde el usuario, haga lo que haga, siempre termina pagando.
¿Qué sigue para los afectados?
Por ahora, los contratistas tienen bonos extra si logran localizar a las personas rápido, lo que fomenta una cacería que no tiene precedentes. La falta de transparencia sobre cómo obtendrán estos datos privados en territorio mexicano deja una incertidumbre enorme sobre la seguridad y privacidad de miles de familias. Mientras tanto, en Washington, las voces de protesta siguen sin obtener respuestas claras de las autoridades sobre por qué gastar dinero de los contribuyentes en una estrategia que parece más una campaña de venganza que de justicia administrativa.
En Tantita Tinta seguiremos dándole seguimiento a este tema que afecta directamente a nuestra región. ¿Crees que es justo perseguir deudas de esta manera tras una deportación? Déjanos tu opinión, que la conversación apenas comienza.
Fuente: WIRED en Español
