La caída de tres piezas clave en Sinaloa: ¿Qué está pasando realmente?
En Tantita Tinta sabemos que el tablero político en Sinaloa está viviendo momentos de alta tensión. Recientemente, el foco se ha centrado en tres exfuncionarios cercanos a la administración de Rubén Rocha Moya, quienes, uno a uno, han terminado bajo custodia de las autoridades estadounidenses, enfrentando acusaciones que parecen sacadas de una película de drama judicial.
El último en sumarse a esta lista es Marco Antonio Almanza Álvarez, excomisario de la Policía de Investigación de la Fiscalía sinaloense. Lo curioso del caso —y lo que ha dejado a muchos boquiabiertos— es que, apenas unos días antes de entregarse, Almanza se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en México, declarando con toda seguridad que tenía la “conciencia tranquila” y que no veía motivos para buscar a las autoridades del país vecino.
El trío que cambió el escritorio por la Corte en Nueva York
No es un caso aislado. La estrategia de entregarse voluntariamente en Estados Unidos parece haberse vuelto un patrón para quienes, según el Departamento de Justicia estadounidense, mantenían nexos con el Cartel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.
- Marco Antonio Almanza Álvarez: Tras 30 años de carrera policial y un perfil bajo, se le señala de haber recibido presuntos sobornos mensuales de unos 300 mil pesos para facilitar el tráfico de precursores químicos para el fentanilo.
- Enrique Díaz Vega: El exsecretario de Administración y Finanzas, con una trayectoria empresarial previa, fue detenido en Irlanda tras huir de México y terminó extraditado a Nueva York. Se le acusa de recibir millonadas por filtrar información sobre operativos y nombres de adversarios políticos.
- Gerardo Mérida Sánchez: General en retiro y exsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, cuya experiencia militar no lo salvó de las acusaciones. Se dice que habría aceptado pagos cercanos a los 2 millones de pesos (unos 100 mil dólares) a cambio de información sensible sobre laboratorios clandestinos.
¿Qué dice el Gobierno Federal?
Desde Palacio Nacional, la postura ha sido de “ojo, ahí no nos metemos”. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro en sus conferencias matutinas que estas entregas han sido decisiones personales. Según la mandataria, los involucrados no han solicitado apoyo consular ni asistencia del gobierno mexicano, lo que refuerza la idea de que están buscando negociar su situación legal por su propia cuenta, tratando de evitar el largo brazo de la justicia bajo sus propios términos.
En Tantita Tinta hemos analizado el panorama y queda claro que, más allá de la soberanía o la política, estamos ante una investigación de gran calado que pone en jaque la confianza en las instituciones locales. La pregunta que queda en el aire para los ciudadanos es: ¿quiénes más podrían estar en la lista de espera del gobierno estadounidense?
Mientras tanto, la Fiscalía en México continúa observando. La soberanía está en juego, pero la transparencia es lo que los ciudadanos realmente exigen en esta clase de líos. Seguiremos muy de cerca este caso, porque en la política, como en la vida, todo termina por salir a la luz.
Fuente: El Universal
