Justicia sin privilegios: El Congreso de Veracruz marca un antes y un después
En Tantita Tinta sabemos que la política a veces parece un juego de escondidillas, pero cuando hablamos de temas serios, la transparencia es lo único que mantiene a flote la confianza ciudadana. En una jornada que mantuvo a más de uno al borde del asiento, el Congreso de Veracruz tomó una determinación contundente: le dijeron adiós al fuero de dos presidentes municipales. Con 40 votos a favor y apenas 8 en contra, la balanza se inclinó para que la ley pueda actuar sin las cortapisas que otorga el cargo.
¿Qué significa esto para los alcaldes?
Para ponerlo claro: el fuero no es una licencia para cometer delitos, aunque a veces algunos funcionarios se sientan intocables. Al retirarles esta protección, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya tiene vía libre para investigar, llamar a declarar y, en su caso, ejercer acción penal contra ellos. Se acabó el “usted no sabe quién soy yo” o el resguardo detrás del escritorio municipal. Ahora, tanto Bertín Bravo Montero (Úrsulo Galván) como Raúl González Martínez (Ixhuatlán del Sureste) deberán enfrentar la realidad de los expedientes que pesan sobre sus hombros.
Las graves acusaciones sobre la mesa
No es un tema menor lo que se está discutiendo. Las acusaciones que han llevado a estos alcaldes al banquillo de los acusados son sumamente delicadas y han sacudido a sus comunidades:
- Raúl González Martínez: El alcalde de Ixhuatlán del Sureste está bajo la lupa por su presunta relación con el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán. Un golpe directo a la libertad de expresión y una tragedia que exige respuestas claras.
- Bertín Bravo Montero: Por su parte, el edil de Úrsulo Galván es señalado por su probable participación en la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López Torres, ocurrido en mayo de 2026.
Entre huidas y promesas de inocencia
Como si se tratara de una escena de película de suspenso, la jornada legislativa tuvo sus momentos de drama. Mientras el Congreso debatía el dictamen presentado por la Comisión Instructora, Bertín Bravo Montero decidió que lo mejor era abandonar el edificio antes de que la votación se hiciera oficial. Eso sí, antes de irse, se tomó un momento para declarar a los medios que es totalmente inocente y que no teme a la justicia. “No soy un delincuente”, afirmó ante los micrófonos, pero la política mexicana nos ha enseñado que el discurso es una cosa y las pruebas en el expediente son otra muy distinta.
En Tantita Tinta estaremos dando seguimiento puntual a este caso. La importancia de esta decisión radica en el precedente: ningún puesto de elección popular debería ser un blindaje ante acusaciones de crímenes tan graves como la desaparición o el homicidio. La justicia, aunque tarda, tiene que llegar, y el proceso de estos dos alcaldes será una prueba de fuego para las instituciones veracruzanas.
¿Qué pasará después? La FGE deberá integrar las carpetas con rigor técnico y legal para evitar que los procesos se caigan. Estaremos atentos a las próximas audiencias y a cómo se desenvuelve este lío que, sin duda, marcará la agenda política del estado durante las próximas semanas.
Fuente: Sopitas Cosas
