¿Cazadores de recompensas internacionales? Así es el nuevo plan de EE. UU.
Si pensabas que el drama migratorio no podía volverse más surrealista, agárrate. En Tantita Tinta estuvimos revisando documentos oficiales y lo que encontramos suena a guion de película de acción, pero es una realidad preocupante: el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) está buscando contratar a lo que, en la práctica, funcionarían como cazadores de recompensas para localizar a personas que ya fueron deportadas y, de paso, cobrarles multas millonarias.
La operación, denominada con el eufemismo de “Servicios de Localización y Recuperación de Pagos”, apunta directamente a México, Honduras y Guatemala. Y para que no quepa duda de que van en serio, el gobierno estadounidense ha puesto sobre la mesa un presupuesto de hasta 9 millones de dólares (aproximadamente 180 millones de pesos mexicanos) para ejecutarse en los próximos dos años.
¿En qué consiste esta cacería?
La chamba de estos contratistas no es cualquier cosa. Se les pide realizar “observación física” y verificación de datos. Esto significa que podrían llegar a tomar fotos de viviendas, buscar facturas de luz, agua o gas, y rastrear expedientes laborales para confirmar que la persona vive donde dicen que vive. Básicamente, pretenden llevar la vigilancia fronteriza hasta la puerta de tu recámara en territorio mexicano.
El negocio de las multas impagables
La lógica detrás de esto es tan extraña como parece. Resulta que las autoridades estadounidenses están reviviendo una ley de 1996 para imponer sanciones de casi 20,000 pesos diarios a quienes, según ellos, no abandonaron el país a tiempo. Algunos casos han acumulado multas de hasta 36 millones de pesos. Expertos legales señalan que esto no solo es una táctica de intimidación, sino un proceso que se salta cualquier garantía básica, afectando el historial crediticio y los ahorros de familias enteras.
Como bien analizan los expertos, perseguir a alguien que ya regresó a su país de origen, donde probablemente no tiene los recursos para pagar, no parece tener un fin económico real. Entonces, ¿cuál es el chiste? Según abogados de derechos humanos, se trata de una estrategia para disuadir a otros de intentar cruzar en el futuro y presionar a los familiares que aún viven en Estados Unidos para que ellos terminen pagando la deuda.
¿Quién paga los platos rotos?
- Presión a terceros: Las autoridades han dejado claro que las multas pueden ser pagadas por “terceros”, lo que pone en una encrucijada a las familias de estatus mixto.
- El fin de la privacidad: Los contratistas tienen libertad para usar datos comerciales, lo que abre un hueco enorme sobre qué tipo de información nuestra está circulando en manos de agencias privadas.
- Dinero tirado a la basura: Mientras el gobierno recorta programas sociales, gasta millones de dólares persiguiendo a personas que ya fueron expulsadas.
Para nosotros en Tantita Tinta, resulta indignante ver cómo se utilizan recursos públicos para perseguir a quienes ya fueron obligados a irse. La pregunta que queda en el aire, y que ni las autoridades estadounidenses han querido contestar, es: ¿qué pasará cuando estas agencias privadas empiecen a tocar puertas en nuestras comunidades?
Fuente: WIRED en Español
