¿Hasta dónde llegará el alcance de la ley estadounidense?
En Tantita Tinta siempre estamos atentos a lo que pasa más allá de nuestra frontera norte, pero la noticia que circula esta semana nos dejó helados. Resulta que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), a través de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), anda buscando contratar a lo que básicamente parecen cazarrecompensas. ¿Su misión? Localizar a personas que ya fueron deportadas y que viven en países como México, Honduras y Guatemala para obligarlas a pagar multas impagables.
El plan: buscarte hasta en tu propia casa
El programa, llamado formalmente “Servicios de Localización y Recuperación de Pagos”, tiene un presupuesto de hasta 9 millones de dólares (aproximadamente 180 millones de pesos mexicanos) para los próximos dos años. La idea es contratar empresas privadas que rastreen a estas personas, verifiquen dónde viven e incluso tomen fotografías de su recámara o vivienda como prueba de que están ahí.
No se trata solo de llamadas telefónicas. Los documentos oficiales indican que los contratistas deben entregar folletos en español e inglés donde se detallan las multas pendientes. Hablamos de cifras que, en algunos casos extremos, han llegado a superar el millón y medio de dólares (unos 30 millones de pesos), basándose en una ley de 1996 que, sinceramente, muchos juristas consideran obsoleta y abusiva.
¿Qué hay detrás de estas multas millonarias?
Para nosotros en Tantita Tinta, resulta desconcertante el enfoque. Expertos legales señalan que este tipo de notificaciones, más que un proceso administrativo, parecen una táctica de miedo. Imagínate esto: a personas que ya fueron expulsadas, se les sigue acosando para que cubran multas que, a todas luces, son imposibles de pagar en sus países de origen.
- El impacto: A muchos migrantes ya les han embargado declaraciones de impuestos o arruinado su historial crediticio en EE. UU.
- La presión: El gobierno estadounidense sugiere que si usas su aplicación ‘CBP Home’ para irte, te perdonan las multas, pero hay letras chiquitas que te dejan amarrado con otras tasas de hasta 100 mil pesos (5,130 dólares).
- El negocio: A los contratistas se les pagará una tarifa fija solo por probar que localizaron a la persona, independientemente de si logran recuperar el dinero. Es decir, el gobierno está pagando por acosar gente en el extranjero.
La respuesta de las autoridades
Senadores estadounidenses como Dick Durbin y Alex Padilla ya alzaron la voz, calificando esto como un “despilfarro” de dinero público para perseguir a gente que ya no está en territorio estadounidense. A pesar de las peticiones para detener este acoso, los departamentos correspondientes se han mantenido en silencio. La pregunta que queda en el aire es: ¿realmente creen que alguien que fue deportado tiene la capacidad económica para pagar millones de pesos en multas?
Para los expertos, esta es una escalada peligrosa. Utilizar a empresas de cobranza privadas para realizar tareas de inteligencia en suelo mexicano sin una coordinación clara con las autoridades locales, no solo es una intromisión, sino un proceso que pone en jaque la privacidad de miles de familias. Seguiremos informando sobre este caso, porque en Tantita Tinta creemos que la información clara es tu mejor defensa.
Fuente: WIRED en Español
