¿Qué es el Súper RIGI y por qué está encendiendo las alarmas?
En Tantita Tinta nos encanta la innovación, pero siempre con los pies bien puestos en la tierra. Últimamente, el nombre “Súper RIGI” resuena con fuerza en los pasillos políticos de Argentina. Se trata de un ambicioso plan impulsado por el gobierno de Javier Milei que busca atraer inversiones millonarias —superiores a los 19,000 millones de pesos mexicanos (estimando al tipo de cambio actual)— enfocadas en la tecnología de punta, como centros de datos y granjas de criptomonedas.
Aunque suena como el futuro llegando a la región, especialistas advierten que este “super régimen” trae consigo una letra chiquita preocupante: exenciones fiscales por 30 años sin exigir estudios de impacto ambiental ni condiciones productivas claras. Básicamente, se está abriendo la puerta a inversiones gigantescas sin saber qué rastro dejarán en el ecosistema.
El costo real de la “nube” y el minado cripto
Para que te des una idea, los data centers no son solo servidores en un cuarto con aire acondicionado; son infraestructuras que consumen cantidades industriales de energía y agua. En países como Estados Unidos, estas instalaciones ya han causado problemas serios: desde el aumento en las tarifas eléctricas para los vecinos hasta el agotamiento de recursos hídricos vitales.
En el equipo de Tantita Tinta analizamos que el proyecto actual carece de candados. No hay condiciones sobre emisiones de carbono ni uso eficiente del agua. Estamos hablando de una actividad que genera muchísimo calor en centros urbanos y que, sin regulación, podría tensionar los servicios básicos de comunidades enteras.
Un blindaje que pone en jaque a la soberanía
El antecedente inmediato es el RIGI original, lanzado en agosto de 2024 para la minería y los hidrocarburos. Según expertos como Ariel Slipak de la FARN, este régimen no solo es un incentivo fiscal, sino un “blindaje jurídico”. ¿Qué significa esto? Que si una empresa tiene el aval del RIGI, sus beneficios pueden prevalecer sobre las leyes ambientales o laborales locales. Es decir, los proyectos extractivos quedan por encima de la legislación provincial o municipal.
- Petróleo: Se lleva el 43% de las inversiones comprometidas (principalmente en Vaca Muerta).
- Cobre: Representa un 24.6% del pastel.
- Litio: Aunque es el que más proyectos tiene, en términos de capital representa el 10.5%.
¿Quiénes pagan los platos rotos?
La preocupación se extiende a los derechos humanos y, de forma crítica, a las comunidades indígenas. Según la doctora Silvina Ramírez, experta en derechos indígenas, este modelo no solo ignora la titulación colectiva de tierras, sino que facilita el hostigamiento judicial. Además, si hay un conflicto, las empresas pueden llevar al Estado a tribunales internacionales (como el CIADI), dejando a los ciudadanos locales sin voz ni voto en su propio territorio.
Por ahora, la propuesta sigue discutiéndose en el Senado. Mientras el oficialismo busca los votos necesarios, el debate sobre si el desarrollo tecnológico justifica el sacrificio de los recursos naturales y la soberanía jurídica está más encendido que nunca.
Fuente: WIRED en Español
