La sombra de Washington sobre la administración sinaloense
En Tantita Tinta sabemos que cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos empieza a revisar cuentas, el panorama se pone color de hormiga. En esta ocasión, el escándalo ha escalado niveles insospechados: el gobierno estadounidense ha puesto la mira directamente en el patrimonio del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de nueve funcionarios y mandos policiales de su equipo. La acusación no es menor: presunta complicidad con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa.
¿Qué es lo que busca el Departamento de Justicia?
La imputación es clara y contundente. Las autoridades estadounidenses no solo están tras los pasos legales de los involucrados, sino que han notificado que están sujetos a decomiso todos los inmuebles y cualquier ganancia económica que provenga, directa o indirectamente, de supuestos apoyos al tráfico de drogas e importación de armas. La medida es ambiciosa: si los bienes han sido transferidos a terceros, vendidos o escondidos fuera de la jurisdicción, Washington buscará recuperarlos de cualquier forma posible.
Para ponernos en contexto, si alguno de los implicados es declarado culpable, la lista de bienes bajo la lupa incluye propiedades y cuentas bancarias de figuras clave, como:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázares, senador por Morena.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
A esta lista se suma un grupo de mandos policiales, incluyendo vicefiscales y jefes de investigación que, según la acusación del fiscal Jay Clayton, habrían recibido pagos mensuales jugosos. Por ejemplo, se menciona que Dámaso Castro Saavedra recibía unos 200 mil pesos mensuales, mientras que jefes de policía recibían montos que oscilan entre los 32 mil y los 320 mil pesos al mes, dependiendo del nivel de ‘lealtad’ al cártel.
La narconómina y el compromiso de campaña
Lo que más ha sacudido a la opinión pública es la revelación de la supuesta ‘narconómina’. El documento detalla que Rocha Moya habría llegado a la gubernatura con el espaldarazo de Iván Archivaldo, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López. Según la versión estadounidense, el gobernador habría prometido facilidades operativas a cambio de apoyo político.
En Tantita Tinta analizamos que esta situación pone en un aprieto diplomático y político sin precedentes. La acusación detalla reuniones donde el gobernador habría sido escoltado por sicarios fuertemente armados, permitiendo que la estructura criminal operara con total impunidad en la entidad.
¿Qué sigue para Sinaloa?
Mientras el alcalde de Culiacán ha solicitado licencia por unos días para manejar el drama interno, la presión desde el norte no deja de crecer. Las leyes estadounidenses, bajo los apartados 853 y 970 del título 21, son implacables con quienes utilizan sus cargos públicos para facilitar delitos. El mensaje de Washington es meridiano: cualquier ganancia derivada de estas actividades ilícitas terminará confiscada.
Estaremos muy pendientes de cómo se desenvuelve este caso, pues los próximos días serán clave para entender si la estructura política de Sinaloa puede sostenerse o si estamos ante una reconfiguración total por la presión externa.
Fuente: El Universal