¿Qué pasó con la reforma electoral y por qué deberías preocuparte?
En Tantita Tinta siempre decimos que la política mexicana no necesita guionistas, porque la realidad se encarga de escribir dramas que ni en la televisión. Esta vez, el lío tiene nombre y apellido: la falta de armonización legislativa tras la reforma electoral del pasado 29 de mayo.
Para no hacértela larga, el Congreso federal movió las piezas del tablero: se aplazó la elección de juzgadores para 2028 y se integró una causal de nulidad por intromisión extranjera. La ley es clara, o al menos debería serlo: los Congresos estatales tenían un plazo fatal —que venció el 5 de junio— para ajustar sus leyes locales. Pero, ¡sorpresa!, la mayoría decidió que las prisas no son lo suyo.
Los estados que se quedaron a medias
De los 17 estados que irán a las urnas en 2027 para renovar gubernaturas, solo dos —Colima y Quintana Roo— hicieron la tarea a tiempo. ¿Los otros 15? Se quedaron esperando. Hablamos de entidades como Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Sonora y Querétaro, por mencionar algunos, que ahora enfrentan un hueco legal importante. Es, en términos coloquiales, como si nos preparáramos para una fiesta sin haber mandado las invitaciones ni comprado las botanas: el desorden está garantizado.
¿Por qué esto huele a problemas?
Alejandro Díaz Domínguez, investigador del Tec de Monterrey, lo puso sobre la mesa con mucha claridad para el equipo de Tantita Tinta: estamos ante una posible avalancha de impugnaciones. Al no haber armonizado las leyes, las reglas del juego están borrosas. Si en 2027 surge algún conflicto, ¿qué pasará? Pues dependerá casi exclusivamente de la interpretación que haga el Tribunal Electoral, porque la ley escrita, simplemente, no está lista.
Para darnos una idea, imagínate que quieres reclamar un fraude por injerencia extranjera, pero no hay una ley estatal que defina qué es eso ni cómo se castiga. Terminamos en un terreno donde la última instancia judicial decide sobre la marcha. Esto no es nuevo; ya nos pasó con la propaganda personalizada de los diputados, que se convirtió en una zona gris donde el Tribunal ha tenido que ir poniendo parches a falta de una ley sólida.
El gran dilema: ¿Fortaleza o debilidad institucional?
El punto central que analizamos aquí no es menor. Mientras recortan presupuestos a órganos electorales y se eliminan áreas técnicas, la gran pregunta es: ¿estamos fortaleciendo nuestra democracia o simplemente estamos abriendo la puerta a que todo termine en el escritorio de un magistrado?
El umbral crítico es septiembre de 2026. Es la fecha límite antes de que arranque formalmente el proceso electoral de 2027. Lo que no se haya arreglado para entonces, llegará a las urnas cojo. En Tantita Tinta creemos que una democracia sin reglas claras es como manejar en carretera sin señales: eventualmente, alguien va a chocar.
La historia nos enseña que cuando los legisladores ignoran los tiempos, la factura la pagamos los ciudadanos con procesos electorales inciertos y judicializados. Estaremos muy atentos a cómo se resuelve este rompecabezas legal en los próximos meses.
Fuente: El Universal
