Un revés en los tribunales federales
Las broncas legales dentro de la administración pública municipal suelen dar mucho de qué hablar, y en esta ocasión el equipo de Tantita Tinta le trae los detalles sobre un caso que involucra directamente al Ayuntamiento de Tepic. Un Juzgado de Distrito de Amparo Civil y Administrativo decidió negarle una suspensión provisional a Josué Daniel Mercado Ramírez, quien se desempeña como síndico municipal.
Esta decisión judicial deja abierta la puerta para que se haga efectiva una sanción económica de 15 mil pesos impuesta por el Instituto de Justicia Laboral Burocrática, un tema que se desprende de un expediente laboral que lleva años dando vueltas en los tribunales.
¿Por qué le negaron el amparo?
Para entender el drama, hay que echarle un ojo a los argumentos de la ley. El asunto comenzó cuando el funcionario reclamó una multa acordada el pasado uno de septiembre en relación con el juicio laboral 64/2015, buscando frenar el cobro mientras se resolvía el fondo del asunto. Sin embargo, el Juzgado de Distrito consideró que el quejoso primero debía demostrar su interés jurídico en el caso de una manera más clara.
Según se detalla en el expediente, aunque la protesta de decir verdad sirve para confirmar que la resolución existe, no es suficiente por sí sola para evidenciar de manera indiciaria que el acto le afecta directamente por haber sido dirigido a él. En palabras más sencillas, la autoridad judicial señaló que es necesario comprobar fehacientemente la afectación personal dentro del procedimiento para evitar otorgar protecciones a la ligera en asuntos ajenos.
Un camino que aún no se cierra
Para nosotros en Tantita Tinta es importante señalar que este caso ha llamado poderosamente la atención en los pasillos judiciales, ya que en situaciones similares con otros funcionarios del Ayuntamiento de Tepic sí se había concedido previamente la suspensión provisional y posteriormente la definitiva, logrando frenar temporalmente las sanciones.
A pesar de este revés, la historia todavía no llega a su capítulo final. El síndico municipal aún tiene la posibilidad de tramitar un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado para intentar revertir la decisión del juez y evitar el pago de los 15 mil pesos mientras continúa la batalla legal en los tribunales laborales.
Fuente: meridiano.mx
