Un cambio necesario: La nueva Ley General contra el feminicidio
En Tantita Tinta siempre hemos dicho que no podemos hablar de un México en paz si las mujeres no pueden vivir seguras. Esta semana, el tema central en Palacio Nacional fue contundente: la presentación de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. La presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa una propuesta que busca, de una vez por todas, que no haya pretextos ni vueltas de hoja a la hora de buscar justicia.
¿Cuál es el drama actual? Que, aunque parezca increíble, en muchas fiscalías estatales todavía se llega a catalogar el asesinato de una mujer como “suicidio”, dilatando los procesos y permitiendo que los agresores se salgan con la suya. Con esta nueva iniciativa, la instrucción es clara: homologar el delito en todo el país. La regla será única: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
¿Qué implica realmente esta ley?
La propuesta no es un ajuste menor, es una reingeniería de cómo el Estado mexicano debe responder ante el crimen más atroz contra las mujeres. Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, detalló los puntos clave que buscan cerrar las puertas a la impunidad:
- Pena máxima homologada: Se establecen de 50 a 70 años de prisión para quienes resulten culpables, sin importar en qué estado ocurra el delito.
- 10 razones de género: Se define claramente cuándo se trata de un feminicidio (por ejemplo, si hubo violencia sexual, antecedentes de maltrato o si el cuerpo fue expuesto en lugares públicos).
- 19 agravantes: Las penas pueden aumentar si la víctima es menor de edad, adulta mayor, mujer embarazada, si tiene alguna discapacidad, si es periodista o defensora de derechos humanos.
- Castigo directo a servidores públicos: Se incluye la destitución e inhabilitación inmediata para aquellos funcionarios que obstruyan la justicia o sean cómplices.
Más allá del castigo: la reparación del daño
Para nosotros en Tantita Tinta, resulta vital que la ley no solo se enfoque en la cárcel, sino en quienes se quedan atrás. La iniciativa contempla una reparación integral del daño, poniendo especial atención en las hijas e hijos de las víctimas, quienes a menudo quedan desamparados y sin atención psicológica ni económica. La ley obliga a que las entidades federativas garanticen su bienestar integral.
Además, se establecen protocolos estrictos de actuación. Las autoridades ya no podrán decir “no sabíamos cómo investigar”. Se exigirá perspectiva de género en cada etapa del proceso penal, desde que se abre la carpeta hasta que se dicta la sentencia.
¿Por qué esto marca un antes y un después?
El problema del feminicidio es complejo, pero la respuesta debe ser frontal. Al centralizar la forma en que se investiga y se sanciona, el Estado busca eliminar las “lagunas” legales que algunos aprovechan para evadir responsabilidades. La prevención, la educación y la formación de los funcionarios son los pilares que, según la Presidenta, complementarán este esfuerzo legal.
Estamos ante un paso legislativo que promete transformar la procuración de justicia. Ahora, la pelota está en la cancha del Congreso, donde deberá discutirse y, esperemos, aprobarse pronto para dar certeza a todas las mexicanas. En un país donde la seguridad es la mayor chamba pendiente, esta ley se siente como un mensaje directo: la vida de las mujeres no es negociable.
Fuente: El Universal
