El golpe sobre la mesa: ¿Justicia o puerta giratoria?
En Tantita Tinta nos hemos acostumbrado a ver muchos giros en la política mexicana, pero lo que acaba de anunciar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marca un antes y un después. Durante su reciente conferencia matutina, la mandataria fue clara: el gobierno federal tiene bajo la lupa el actuar del antiguo Poder Judicial, especialmente en esos casos donde los amparos parecieron funcionar como ‘llaves maestras’ para quienes, presuntamente, le han estado viendo la cara al fisco.
El meollo del asunto es el llamado ‘huachicol fiscal’, un esquema que no solo afecta los bolsillos del país, sino que opera bajo la sombra de la legalidad gracias a resoluciones judiciales más que cuestionables. La Presidenta confirmó que tanto el SAT como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) van a revisar con lupa cómo fue posible que empresas señaladas por contrabando de combustible lograran seguir operando como si nada.
El caso Ingemar: el ejemplo que prendió las alarmas
Para entender el drama, hay que poner el ojo en la empresa Ingemar S.A. de C.V.. Resulta que, durante la administración anterior, se les retiró su permiso de importación tras detectar irregularidades graves. ¿Qué pasó después? Lo que ya conocemos: un amparo que, por arte de magia (o de leyes bien interpretadas a modo), les devolvió el permiso. Para el equipo de Tantita Tinta, este es el ejemplo perfecto de por qué la reforma judicial era un tema ineludible en la agenda nacional.
La investigación, que lleva ya un año en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), ha documentado un esquema digno de película: subdeclaración de volúmenes y el reporte de mercancías distintas a los combustibles para evitar el pago de impuestos. Todo esto salió a la luz gracias a unos ferrotanques abandonados en Coahuila, un hallazgo que permitió tirar del hilo y descubrir una red de operaciones turbias.
¿Cuánto nos ha costado esta chistosada?
Las cifras marean. Estamos hablando de un daño a la Hacienda pública que supera los 4 mil 500 millones de pesos. Por si fuera poco, se han detectado transferencias por cerca de 18 millones de pesos vinculadas a estas redes. Según las investigaciones, se movieron hasta 163 carrotanques, cada uno con capacidad para 100 mil litros de combustible que nunca fueron declarados. ¡Una locura!
Ante este escenario, la Presidenta fue tajante: “Sí, por supuesto”, al ser cuestionada sobre si se auditará el papel de los jueces que dieron luz verde a estas operaciones. La instrucción es clara: limpiar la casa y fortalecer la trazabilidad.
¿Qué viene ahora?
El gobierno no se está quedando de brazos cruzados. Se han implementado nuevos protocolos de intercambio de información entre Pemex, el SAT y la UIF para cerrar las llaves por donde se escapa el dinero público. Además, el caso de Ernesto Ruffo Appel, señalado como figura clave en esta organización criminal, nos recuerda que el brazo de la ley, aunque a veces lento, está buscando cerrar filas contra la delincuencia organizada y el contrabando de hidrocarburos.
En Tantita Tinta seguiremos dándole seguimiento a este tema. Porque, al final del día, los ciudadanos merecemos saber quiénes son los que se han beneficiado a costa de las arcas nacionales. ¡No te despegues, que esto apenas se pone interesante!
Fuente: El Universal
