La sombra del Cártel de Sinaloa sobre el despacho del gobernador
En Tantita Tinta sabemos que la política en México a veces parece guion de película de suspenso, pero lo que estamos viviendo con el caso de Rubén Rocha Moya lleva el drama a otro nivel. El gobernador de Sinaloa ha quedado en el ojo del huracán tras revelarse una acusación formal en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo señala directamente por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos. No estamos hablando de un rumor de pasillo, sino de un expediente de 34 páginas que ha sacudido a la clase política nacional.
¿Cómo empezó todo el lío?
Para entender este embrollo, hay que retroceder a 2021. Según la fiscalía estadounidense, el ascenso de Rocha Moya a la gubernatura no fue precisamente un camino de flores. La acusación detalla reuniones clave en plena campaña electoral entre el entonces candidato y líderes del Cártel de Sinaloa. Según el expediente, se prometió respaldo político y financiero a cambio de colocar piezas clave en el gobierno estatal para facilitar las operaciones de tráfico de drogas.
El documento menciona episodios preocupantes, como el secuestro de operadores electorales de diversos partidos durante la jornada de votación en junio de 2021 y la intervención directa de sicarios para manipular urnas. Todo esto, bajo la supuesta mirada cómplice de mandos policiales que simplemente ‘miraron hacia otro lado’.
Cifras que llaman la atención
La presunta red de corrupción no se limitó a las altas esferas. La investigación apunta a que funcionarios de la Fiscalía General del Estado también recibían su ‘domingo’. Se estima que, por ejemplo, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra habría recibido pagos mensuales cercanos a los 220 mil pesos mexicanos (equivalentes a 11 mil dólares de aquel momento) a cambio de avisar sobre operativos policiales. Una ganga para quien busca impunidad, pero un precio altísimo para la seguridad pública del estado.
¿Qué dice el gobierno ante el vendaval?
La reacción en Palacio Nacional y en el despacho del gobernador fue inmediata. Rocha Moya utilizó su cuenta de X para rechazar categóricamente las acusaciones, calificándolas de carentes de fundamento. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue muy clara durante su conferencia matutina: su gobierno prioriza la soberanía, pero si la Fiscalía General de la República (FGR) encuentra pruebas contundentes y legales, el proceso deberá seguir su curso conforme a la ley mexicana.
¿Qué sigue ahora?
El equipo de Tantita Tinta estará al pendiente de cada movimiento. Por ahora, la FGR ha tomado el caso para evaluar si las solicitudes de extradición enviadas por Estados Unidos tienen sustento legal. Lo que es un hecho es que la relación bilateral entre México y EU está en un momento de tensión máxima. ¿Estamos ante un proceso histórico o una jugada política internacional? Solo el tiempo y las investigaciones nos lo dirán, pero la moneda está en el aire.
Fuente: Milenio