Cuando ganar en el máximo tribunal no es suficiente
Luchar por la verdad en México a veces se siente como jugar a las escondidas, pero con las reglas de una pesadilla burocrática. Para nosotros en Tantita Tinta, la transparencia no es un capricho, es un derecho elemental. Sin embargo, tras cuatro años picando piedra y librando una batalla legal titánica, nos topamos con una realidad que frustra a cualquiera: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar el expediente sobre la polémica “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, y la dependencia simplemente decidió ignorarlo.
Hacer periodismo de investigación en este país requiere paciencia de santo y una computadora bien cargada para aguantar horas de llamadas sin respuesta. Desde agosto de 2022, iniciamos el trámite para obtener una versión pública de la carpeta que investiga aquel intento burdo del gobierno de Enrique Peña Nieto por fabricar una versión oficial: la teoría de que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados en el basurero municipal de Cocula, Guerrero, y sus restos arrojados al río San Juan; una narrativa que ya ha sido despedazada por peritajes independientes.
La gran paradoja: usando a los acusados para blindar la opacidad
Queríamos saber qué pasos dieron los investigadores para procesar a exfuncionarios de alto nivel como el otrora fiscal Jesús Murillo Karam —quien actualmente lleva un grillete electrónico en casa— o Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal que huyó cómodamente a Israel para evadir la justicia. La ley mexicana es clara: la información sobre violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad jamás debe reservarse. Pero la FGR tenía otros planes.
Primero intentaron argumentar que hacer público el documento afectaría el desarrollo de la investigación y pondría en riesgo a testigos protegidos (a pesar de que jamás pedimos nombres propios, sino datos testados). Cuando el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) nos dio la razón en febrero de 2023, la fiscalía sacó su carta bajo la manga: aparecieron amparos misteriosos promovidos por expolicías y presuntos integrantes de Guerreros Unidos, aquellos mismos detenidos en 2014 cuyas confesiones fueron arrancadas bajo tortura.
- La estrategia del escondite: Fuentes cercanas nos revelaron que la propia fiscalía impulsó estos amparos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para evitar que salieran a la luz testimonios incómodos de militares involucrados.
- El laberinto institucional: Para cuando la Suprema Corte dictó su fallo definitivo a mediados de 2025, el INAI ya había desaparecido por orden presidencial y la FGR se armó de pretextos absurdos, diciendo que el documento nunca llegó a la oficina correcta.
De regreso al ring judicial
La sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue histórica porque establecía un precedente claro: el interés de la sociedad por conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 jóvenes está muy por encima del sigilo que la autoridad quiera inventarse. No obstante, en un país donde las estadísticas del INEGI apuntan a que el 99% de los delitos se quedan en la impunidad, la burocracia gubernamental prefiere cerrar filas y mantener las puertas cerradas con candado.
Ante la negativa sistemática de la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy y la apatía de las nuevas oficinas de transparencia, no nos quedó de otra que volver a los juzgados. Recurrimos a un nuevo amparo, esta vez en Aguascalientes, para exigir que se cumpla la ley de una vez por todas. Porque en Tantita Tinta lo tenemos clarísimo: mientras las instituciones sigan apostando por el olvido y el trámite eterno, nuestra chamba seguirá siendo exigir que se encienda la luz en los sótanos más oscuros del poder.
Fuente: WIRED en Español
