¿Qué está pasando realmente en el subsuelo venezolano?
En Tantita Tinta sabemos que cuando escuchas hablar de ‘reformas legislativas’, lo primero que piensas es en aburrimiento. Pero lo que acaba de suceder en Venezuela con su nueva Ley Orgánica de Minas es todo menos aburrido; es, para muchos expertos, una señal de alarma que huele a problemas graves. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad esta normativa, dejando atrás reglas que databan de finales de los noventa y mediados de 2015, las cuales, por cierto, ponían muchas trabas a la inversión privada en minerales estratégicos.
El contexto: entre la política y el brillo del oro
Esta movida legislativa ocurre en un momento de tensión absoluta, marcado por el reciente interés de potencias extranjeras —incluida la administración de Estados Unidos— en acceder a recursos como el oro, minerales críticos y las famosas ‘tierras raras’. La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, asegura que esto es para ‘modernizar y potenciar’ el sector, creando incluso una Superintendencia de la Actividad Minera. Pero, ¿es realmente un avance?
Lo que las organizaciones no están dejando pasar
Si le preguntas a la sociedad civil, la respuesta es un rotundo ‘no’. Organizaciones como SOSOrinoco han sido tajantes: esta ley huele a un barniz de legalidad para un saqueo que ya ocurre de facto. Para Cristina Burelli, fundadora de esta organización, la normativa es una vía libre para el ecocidio.
- Minería sin control: Se reporta un aumento en el uso de dragas ilegales en ríos clave como el Caroní e Icabarú.
- Falsa sostenibilidad: Términos como ‘minería ecológica’ suenan muy bien en un discurso, pero los expertos advierten que carecen de dientes legales reales. No hay garantías de restauración ni monitoreo independiente.
- El control militar: Con la creación del Resguardo Nacional Minero, el miedo es que se formalice el dominio de las fuerzas armadas sobre zonas donde ya operan grupos irregulares y bandas criminales.
¿Quién pierde aquí?
El impacto en la Amazonía venezolana y en los derechos de los pueblos indígenas es, posiblemente, el punto más doloroso. La nueva ley ignora olímpicamente el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias, una pieza clave que sí contempla su propia Constitución. Además, el informe de la FACT Coalition alerta que gran parte de este oro termina lavándose internacionalmente, alimentando cadenas de suministro opacas.
En Tantita Tinta analizamos que el trasfondo es una disputa global. Con China y Estados Unidos peleándose por los materiales necesarios para la tecnología del futuro (piensa en los chips de tu celular o en la transición energética), Venezuela se ha vuelto un tablero de ajedrez estratégico. ¿El costo? Un ecosistema devastado y una gobernanza que, según los especialistas, sigue dando la espalda a la transparencia.
Para nosotros en Tantita Tinta, la pregunta sigue en el aire: ¿es posible un ‘desarrollo minero’ que no signifique la destrucción de nuestra riqueza natural? Por ahora, la nueva ley parece más un traje a la medida para los inversionistas que una solución real para el país.
Fuente: WIRED en Español