En el terreno de la seguridad pública en México, las matemáticas suelen ser un campo de batalla donde los números se estiran, se maquillan o, en el peor de los casos, simplemente desaparecen. Durante el año 2025, mientras el gobierno federal celebraba con bombo y platillo una supuesta tendencia a la baja en la incidencia de crímenes violentos, la realidad documentada en las actas de defunción contaba una historia completamente distinta. De acuerdo con un profundo análisis comparativo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dejó de contabilizar la alarmante cifra de 5 mil 140 homicidios dolosos que sí fueron registrados formalmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta divergencia representa un subregistro histórico del 17%, una brecha que jamás se había visto con tanta magnitud en administraciones pasadas. Mientras el secretariado gubernamental reportó 24 mil 348 carpetas de investigación por este delito, la Estadística de Defunciones Registradas del Inegi elevó la cifra a 29 mil 488 víctimas fatales basándose en certificados médicos y actas oficiales. El tema escaló al máximo nivel político cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente la disparidad durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, instruyendo a diversas dependencias a revisar exhaustivamente los cruces de información con el instituto autónomo.
Discrepancias estatales y el peligroso cajón de sastre legal
El problema no solo radica en la macrocifra nacional, sino en la profunda desigualdad con la que operan los estados. Expertos demógrafos de la UNAM, encabezados por el investigador Héctor Hernández Bringas, han señalado que la disparidad geográfica es escandalosa. Entidades como Zacatecas —que presumía una reducción oficial del 70%— presentan en realidad un subregistro del 45% frente a las bases de datos del Inegi. Le siguen de cerca Quintana Roo con un 44%, San Luis Potosí con un 42% y el Estado de México con un 40%, concentrando este último la mayor cantidad numérica de víctimas invisibilizadas con mil 38 casos no integrados en las carpetas de fiscalía.
Detrás de estas omisiones se perfila una sombra institucional impulsada por incentivos perversos. Diversas organizaciones civiles, como México Evalúa, han documentado cómo las fiscalías locales recurren a la reclasificación de crímenes para maquillar sus estadísticas. Los homicidios dolosos terminan migrando hacia categorías ambiguas como “otros delitos contra la vida”, suicidios o accidentes culposos. Este cajón de sastre legal permite a las autoridades locales maniobrar con total discrecionalidad, ocultando la violencia real bajo un barniz de aparente gobernabilidad.
Desde la redacción de Tantita Tinta, seguiremos de cerca las auditorías prometidas por el ejecutivo federal para esclarecer a dónde fueron a parar estos expedientes fantasma. La justicia no solo debe procurarse en las calles, sino también en la transparencia absoluta de la verdad estadística, pues ningún país puede sanar sus heridas si se empeña en borrarlas de los expedientes.
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Fuente original: El Universal Nacional