La sombra que no deja de perseguir al exgobernador
En Tantita Tinta siempre hemos creído que la verdad, por más enterrada que esté, termina encontrando una grieta por donde salir. Hoy, el caso Ayotzinapa vuelve a los titulares, pero esta vez con revelaciones que ponen los pelos de punta. Nuevos testimonios señalan directamente a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, como la figura que movía los hilos del terror y la impunidad durante aquellos días aciagos en Iguala.
La orden de borrar el pasado
Según el expediente judicial que ha sacudido la opinión pública, Aguirre Rivero no solo estaba al tanto de lo que ocurría, sino que presuntamente ordenó la destrucción sistemática de evidencias clave. Una exservidora pública relató cómo el entonces mandatario instruyó a su sobrino, Ernesto Aguirre, para desaparecer videos de seguridad que vinculaban a su administración con grupos delictivos y con el destino final de los 43 normalistas.
El miedo era el lenguaje común en los pasillos del poder guerrerense. La testigo detalla que el exgobernador tenía un control férreo sobre las corporaciones policiacas y, lo que es aún más grave, sobre facciones del crimen organizado. Desobedecer una orden de Aguirre no era solo un riesgo profesional, era una sentencia de peligro inminente.
La pieza que revelaba la tragedia
La narrativa nos traslada a septiembre de 2014, cuando un video grabado en el Palacio de Justicia de Iguala se convirtió en el objeto más buscado y temido. Este material mostraba una verdad innegable: patrullas cambiando a jóvenes de un autobús a otro, bajo la custodia de hombres armados que no portaban uniformes oficiales.
La exvisitadora, quien hoy se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, narra cómo logró hacerse con el disco que contenía estas imágenes. Al entregárselo al entonces gobernador con la esperanza de que se hiciera justicia, la respuesta fue fría y calculadora: el encargo de destruir esa información recayó sobre el procurador Iñaki Blanco.
¿Consecuencias a la vista?
El panorama es desolador para quienes buscaron ocultar la realidad. Mientras Aguirre Rivero enfrenta el peso de la justicia en el penal de máxima seguridad de El Altiplano por desaparición forzada, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Las presiones, los regaños y las amenazas sufridas por aquellos que tuvieron acceso a la verdad demuestran que el sistema operaba para proteger sus propios intereses antes que la vida de los estudiantes.
En Tantita Tinta seguiremos dándole seguimiento a este caso, porque la memoria de los normalistas exige que cada nombre y cada orden dada en la oscuridad salga a la luz pública. La justicia, aunque lenta, es el único camino hacia el cierre de esta herida abierta en México.
Fuente: El Universal
