¿Cazadores de recompensas internacionales? Así está la situación
Si pensabas que el drama migratorio ya había llegado a un punto de quiebre, agárrate, porque la realidad decidió superarse. En Tantita Tinta nos dimos a la tarea de investigar un reporte que está encendiendo las alarmas: el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), tiene bajo la lupa un plan para contratar “cazadores de recompensas” con una misión muy específica: localizar a personas que ya fueron deportadas para obligarlas a pagar multas pendientes.
¿El alcance? Se habla principalmente de México, Honduras y Guatemala, aunque la lista podría extenderse. Bajo el nombre oficial de “Servicios de Localización y Recuperación de Pagos”, el gobierno estadounidense ha puesto sobre la mesa un presupuesto de hasta 170 millones de pesos (aproximadamente 9 millones de dólares) para ejecutar este plan durante los próximos dos años. La chamba de estos contratistas no será sencilla: tendrán que confirmar la ubicación física de los deportados mediante fotos de sus casas, facturas de servicios y hasta registros de empleo.
Multas que parecen sacadas de una pesadilla
Quizá te preguntes, ¿de dónde salen estas deudas? Resulta que el Departamento de Seguridad Nacional está desempolvando una ley de 1996. Según los registros, han impuesto multas que superan los 84 mil millones de dólares a migrantes acusados de no abandonar el país a tiempo. Estamos hablando de sanciones de casi 20,000 pesos diarios (alrededor de 998 dólares), acumulables por cinco años. En casos extremos, algunas personas han enfrentado deudas de hasta 36 millones de pesos.
Los expertos son claros: esto no es más que una forma de intimidación. “Es una escalada significativa en las tácticas”, señala Alina Das, de la Universidad de Nueva York. Lo más absurdo es que el gobierno insiste en perseguir a gente que, en muchos casos, simplemente no tiene el dinero para pagar. Como bien apunta el abogado Hasan Shafiqullah: “No tiene sentido perseguir a la gente allá si no tienen recursos. ¿Cuál es el objetivo real?”
¿Cómo funciona el negocio?
La lógica de este programa es bastante cuestionable. A los contratistas se les pagará una tarifa fija solo por documentar que la persona recibió la notificación, no por el dinero que logren recuperar. Además, el gobierno federal se quedará con todos los datos recopilados. ¿Y cómo piensan cobrar? Solo a través de plataformas que requieren una cuenta bancaria en Estados Unidos, lo que complica aún más el panorama para quienes ya están de vuelta en sus países de origen.
Para nosotros en Tantita Tinta, resulta preocupante que se destinen recursos públicos a perseguir a personas que ya fueron expulsadas, mientras se dejan de lado preguntas fundamentales sobre la legalidad y el debido proceso de estas sanciones. ¿Acaso esto busca disuadir a otros migrantes o es simplemente una cacería burocrática sin sentido?
La presión en los hogares
El impacto no solo es para el deportado. Muchas de estas familias tienen estatus migratorio mixto, lo que significa que el miedo se traslada a los familiares que aún viven en Estados Unidos. El programa prevé que, si el afectado no paga, algún tercero (léase un familiar con recursos) pueda hacerse cargo. Es una táctica de presión que roza lo inhumano.
Mientras tanto, los ministerios de exteriores de México, Guatemala y Honduras han guardado silencio ante las dudas sobre si hubo consulta previa para estas operaciones en sus territorios. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde llegará la administración estadounidense en su cruzada por recaudar multas, incluso fuera de sus propias fronteras?
Fuente: WIRED en Español
