El silencio que retumba: La Segob y el paradero del exgobernador
En Tantita Tinta siempre buscamos ir más allá de la nota rápida, y lo que ocurrió recientemente tras una conferencia de prensa nos dejó pensando. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), se convirtió en el centro de atención no por los temas de agenda, sino por una respuesta que, siendo honestos, dejó a más de uno con la ceja levantada.
Resulta que durante la presentación de los avances en la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, evento de vital importancia para el país, los medios de comunicación no pudieron evitar lanzar la pregunta del millón: ¿saben en el Gobierno Federal dónde está Rubén Rocha Moya? La respuesta de la secretaria fue corta, tajante y, para muchos, bastante desconcertante: “Ahora sí que, ¿y yo por qué?”.
¿Por qué tanta incertidumbre?
Para quienes no han seguido el hilo del drama, el exgobernador con licencia de Sinaloa está en el ojo del huracán tras diversas acusaciones lanzadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La situación no es menor; hablamos de señalamientos que implican a figuras de alto nivel y que ponen en jaque la estabilidad política de una región entera. En Tantita Tinta sabemos que el contexto en Sinaloa ha sido complejo, y la ausencia o el silencio sobre el paradero de un exfuncionario de esa envergadura solo alimenta los rumores.
Cuando se le cuestionó si haría un llamado a Rocha Moya para esclarecer los hechos, Rodríguez Velázquez fue clara: “Yo no hago llamados de nada. Vinimos a hablar de desaparecidos. Hoy no fue el tema”. La secretaria se remitió a lo expresado por la Presidenta en su habitual conferencia matutina, insistiendo en que el Gobierno Federal mantiene la postura de dejar que las investigaciones sigan su curso institucional.
Las implicaciones del caso
La postura de la Segob pone sobre la mesa un tema más profundo: la separación de competencias y, quizás, el desgaste político que conlleva un caso de esta magnitud. Mientras tanto, en los pasillos del poder y en las calles de Sinaloa, la pregunta sigue ahí. No se trata solo de un “¿dónde está?”, sino de entender qué significa su ausencia para la gobernabilidad del estado. Es importante recordar que, según auditorías recientes, se detectaron irregularidades en Culiacán que ascienden a unos 37 millones de pesos, lo que añade otra capa de presión al caso.
En Tantita Tinta estaremos al pendiente de cualquier actualización. Por ahora, nos queda claro que el gobierno prefiere mantener una línea divisoria muy marcada entre la agenda pública de búsqueda de personas y los líos legales de la clase política. Pero, como siempre, la última palabra la tendrá la justicia.
Fuente: El Universal