¿La cacería más allá de la frontera?
Si pensabas que el drama de las deportaciones terminaba al cruzar la línea divisoria, piénsalo dos veces. En Tantita Tinta nos dimos a la tarea de investigar un movimiento que parece sacado de una película de suspenso: el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), está buscando contratar investigadores privados —mejor conocidos como cazarrecompensas— para rastrear a personas que ya fueron deportadas y obligarlas a pagar multas pendientes.
¿El alcance? México, Honduras y Guatemala están en la mira. La administración estadounidense ha puesto sobre la mesa un presupuesto de hasta 9 millones de dólares (aproximadamente 175 millones de pesos mexicanos) para este programa, titulado pomposamente ‘Servicios de Localización y Recuperación de Pagos’, que operaría durante los próximos dos años.
¿Qué buscan exactamente?
No se trata solo de llamadas telefónicas. Los contratistas deberán realizar trabajos de campo, lo que incluye ‘observación física’. Es decir, tomar fotos de las casas, conseguir facturas de luz o agua, y verificar expedientes laborales en nuestros propios países. Todo esto para asegurar que el gobierno de EE. UU. cobre unas multas que, según abogados expertos, son más que cuestionables.
Estamos hablando de sanciones que pueden alcanzar cifras estratosféricas. De acuerdo con registros, algunos casos acumulan deudas de hasta 1.8 millones de dólares (más de 35 millones de pesos mexicanos), una cantidad impagable para la mayoría de las familias que intentan reconstruir su vida tras ser expulsadas.
El lado oscuro de la ‘autoexpulsión’
El gobierno estadounidense asegura que, si los inmigrantes utilizan la aplicación ‘CBP Home’ para irse voluntariamente, las multas se condonan. Pero aquí está el detalle: no todo se perdona. Existe una tasa independiente de 5,130 dólares (unos 100,000 pesos) que el Congreso impuso y que es prácticamente imposible de evadir. En Tantita Tinta nos preguntamos: ¿qué sentido tiene perseguir a alguien que ya no tiene recursos y que se encuentra a miles de metros de distancia de su empleo anterior?
Alina Das, experta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, es clara: esto es una ‘escalada significativa’ en la política migratoria. No solo se trata de deportar, sino de mantener una presión constante que, en muchos casos, termina afectando también a los familiares que aún radican en suelo estadounidense, quienes son presionados para cubrir las deudas de sus seres queridos.
Un juego de cacería con dinero público
Lo que hace esta noticia aún más indignante es que el éxito de los contratistas no depende de cuánto dinero recuperen, sino de cuántas personas localicen. Se ofrecen bonos por reportar la ubicación en un plazo corto, convirtiendo la privacidad de miles de familias en un negocio privado. Hasta ahora, los intentos de las agencias de cobro han sido infructuosos, pero el gobierno insiste en gastar millones de dólares de los contribuyentes en una estrategia que muchos califican como una campaña vengativa.
La pregunta que queda en el aire es: ¿cooperarán los países afectados con estos investigadores privados? Hasta el cierre de esta edición, las autoridades mexicanas y centroamericanas han guardado silencio ante los cuestionamientos sobre si este tipo de espionaje operativo tiene cabida en su territorio.
La situación es tensa y, para nosotros, representa una nueva cara de un sistema migratorio que parece haber perdido la brújula, priorizando la persecución sobre cualquier lógica humanitaria.
Fuente: WIRED en Español
