¿Crítica o delito? El polémico caso de Nancy Nápoles
En Tantita Tinta siempre hemos defendido que el ejercicio del periodismo es el termómetro de una democracia sana. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Tenancingo, Estado de México, parece sacado de un manual de cómo no hacer política. Nancy Nápoles, la alcaldesa que protagonizó un escándalo digno de película tras denunciar su propio secuestro, ahora decidió cambiar la narrativa: en lugar de aclarar el misterio, se fue por la vía legal contra quienes se atrevieron a cuestionarla.
Resulta que la edil interpuso una demanda contra cuatro periodistas de La Madeja Política. ¿El motivo? Según ella, los comunicadores Ángel Ávila, Alejandro López, Ramón Castañeda y Arturo Escobar ejercieron “violencia digital” en su contra. Pero, siendo muy honestos, hay que rascarle un poco más a la superficie para entender qué está pasando realmente.
Las cuentas no salen: ¿Servicio público o persecución?
La denuncia no es poca cosa. Los comunicadores fueron citados ante la Agencia de Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en Metepec. El argumento de la alcaldesa es que, a través de redes sociales, transmisiones y publicaciones, estos periodistas la han hostigado e intimidado con información “falsa”.
Aquí es donde en Tantita Tinta nos detenemos a analizar: ¿de qué hablaban los periodistas? No estaban ventilando la vida personal de la funcionaria, sino haciendo lo que le toca a cualquier prensa: poner bajo la lupa el funcionamiento del ayuntamiento. Temas como:
- Deficiencias en los servicios públicos.
- Fallas constantes en el alumbrado y suministro de agua.
- Denuncias de nepotismo dentro de la administración.
- Transparencia en sueldos y los sobrecostos en obras públicas.
El costo de hablar: Multas y presión política
La situación ha escalado a niveles preocupantes. Se les notificó a los comunicadores que, de proceder la querella, podrían enfrentar multas de hasta 125 mil pesos mexicanos por cabeza. Sí, leíste bien: cada uno tendría que desembolsar esa cantidad. Es una cifra que pone en jaque la estabilidad de cualquier medio local independiente.
La alcaldesa sostiene que las publicaciones la “revictimizan” al recordar el episodio de su presunto autosecuestro. No obstante, el caso sigue bajo la lupa de la Fiscalía mexiquense, ya que existe una línea de investigación que sugiere que dicho secuestro pudo ser una cortina de humo para encubrir un desfalco millonario a las arcas públicas.
¿Qué sigue ahora?
El gremio periodístico no se ha quedado de brazos cruzados. Ante este embate, los afectados han solicitado la intervención directa del gobierno de Delfina Gómez y de la Fiscalía del Estado de México. No se trata solo de proteger a cuatro personas, sino de sentar un precedente sobre si en México la crítica gubernamental ahora debe pasar por el filtro de los ministerios públicos.
Desde Tantita Tinta estaremos dando seguimiento puntual a este caso. La libertad de expresión no debería ser un lujo, y menos cuando los recursos de los ciudadanos están en juego. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos ante un caso real de violencia de género o ante una táctica para blindar a un gobierno de la fiscalización ciudadana?
Fuente: Sopitas Musica
