La Corte derriba el impuesto extra a la UAN: ¿Qué significa para los contribuyentes de Nayarit?
En Tantita Tinta analizamos la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional el gravamen del 15 % que varios municipios de Nayarit añadían al pagar impuestos, derechos o servicios locales, con el fin de financiar a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
¿De dónde surgió el “impuesto sobre impuesto”?
Desde 1970, la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la UAN estableció un cargo adicional sobre los pagos municipales. Inicialmente era del 10 %, pero con los años se incrementó hasta llegar al 15 %. El mecanismo obligaba a quien pagaba, por ejemplo, mil pesos de impuesto municipal, a sumar ciento cincuenta pesos extra que se destinaban íntegramente a la universidad.
Los argumentos de la Corte
El Pleno de la SCJN sostuvo que la medida violaba el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en la Constitución. Un tributo debe guardarse en proporción a la capacidad económica del contribuyente; cobrar un extra por haber ya satisfecho una obligación fiscal no garantiza que la persona cuente con recursos suficientes para asumirlo.
- Principio de proporcionalidad: el pago adicional no estaba vinculado a la riqueza del contribuyente.
- Destino del dinero: aunque la intención de financiar la educación superior es loable, el recurso debe obtenerse mediante normas que respeten el marco constitucional.
- Reglas de pago en parcialidades: la Corte también anuló las disposiciones que obligaban a pagar el gravamen de una sola exhibición, pues aumentaban la carga económica sin justificación.
Impacto inmediato y preguntas sin respuesta
La sentencia tendrá efectos a partir de que la Corte notifique sus resolutivos al Congreso de Nayarit. Uno de los grandes interrogantes es cómo la Universidad Autónoma de Nayarit compensará la pérdida de ingresos. Para 2026, la UAN había presupuestado alrededor de 47.4 millones de pesos provenientes de este impuesto.
Hasta el momento, la resolución no aclara si los ciudadanos que ya pagaron el 15 % podrán solicitar la devolución del monto adicional, ni cuál será el trámite para hacerlo.
Reacciones de la universidad y de los municipios
Portavoces de la UAN declararon que el recorte representa un desafío importante para sus planes de inversión en infraestructura y becas. Por su parte, autoridades municipales de los veinte entes afectados anunciaron que revisarán sus códigos de ingresos para eliminar el cobro y evitar sanciones por parte del Poder Judicial.
Un antecedente reciente
Este no es el primer golpe legal al impuesto extra. En 2023, la misma Corte anuló su aplicación en los presupuestos municipales de Tepic, Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Compostela, y recomendó al Congreso estatal evitar repetir la práctica.
La otra cara de la jornada judicial
En la misma sesión, los ministros validaron la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, rechazando los reclamos de legisladores opositores que cuestionaban su proceso de aprobación. La decisión garantiza, entre otros aspectos, la participación de investigadores de instituciones privadas en los apoyos públicos y la inclusión de la Defensa y la Marina en la Junta de Gobierno del Conahcyt.
Implicaciones para la financiación de la educación en México
El fallo abre un debate nacional sobre cómo financiar la educación superior sin vulnerar la normativa constitucional. Expertos señalan que la solución podría pasar por mayores aportaciones del presupuesto federal o por la creación de fondos concursables, pero siempre dentro del marco de la proporcionalidad tributaria.
¿Qué sigue para Nayarit y la UAN?
Con la invalidez de la medida, los municipios deberán revisar sus códigos de ingresos y eliminar el cobro adicional. Mientras tanto, la UAN tendrá que buscar fuentes alternativas para cubrir el vacío presupuestal, que podría traducirse en recortes, búsqueda de patrocinadores o mayor dependencia de recursos federales.
Para nosotros en Tantita Tinta, este caso ilustra cómo la legislación tributaria, aun cuando persiga fines nobles como la educación, debe alinearse con la Constitución y con la capacidad real de los contribuyentes. Seguiremos observando cómo evoluciona la respuesta del gobierno estatal y de la universidad.
Fuente: meridiano.mx
