¿Hasta dónde llega el brazo de la ley?
Si pensabas que una vez que una persona cruzaba la frontera de regreso a su hogar el drama terminaba, te equivocas. En Tantita Tinta analizamos una maniobra reciente que suena a película de acción, pero que es una realidad bastante cruda: el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), está buscando contratar a verdaderos “cazadores de recompensas” para localizar a personas que ya fueron deportadas.
El objetivo de este operativo no es detener a nadie físicamente, sino cobrar multas que, según el gobierno estadounidense, siguen pendientes. La mira está puesta principalmente en México, Honduras y Guatemala, aunque la lista podría crecer.
Un negocio de millones de dólares
Para este proyecto, llamado “Servicios de Localización y Recuperación de Pagos”, el gobierno federal ha fijado un techo presupuestal de 9 millones de dólares (aproximadamente 175 millones de pesos mexicanos). Los contratistas tienen una chamba clara: verificar dónde vive la gente, tomar fotos de sus casas y hasta buscar recibos de luz o expedientes laborales para confirmar que ahí están.
Lo más irónico es que, según expertos como Hasan Shafiqullah, de la Sociedad de Asistencia Jurídica, esto no tiene ni pies ni cabeza. “¿Para qué perseguir a gente que no tiene recursos económicos en su país de origen?”, cuestiona. Además, el gobierno pide que entreguen folletos impresos en español e inglés donde les notifican sus deudas, muchas de las cuales alcanzan cifras astronómicas, llegando a veces a niveles imposibles de pagar para cualquier familia promedio.
¿Qué está pasando con las multas?
Desde julio, el Departamento de Seguridad Nacional ha impuesto sanciones que suman más de 84 mil millones de dólares (cerca de 1.6 billones de pesos mexicanos) a inmigrantes acusados de no haber abandonado el país a tiempo. Bajo una ley de 1996 reactivada recientemente, el gobierno cobra hasta 998 dólares (unos 19,500 pesos) por día de retraso. El resultado ha sido familias arruinadas, créditos manchados y un estrés financiero que se siente hasta el otro lado de la frontera.
Aunque el gobierno promete “borrón y cuenta nueva” si las personas usan la aplicación CBP Home para irse voluntariamente, la letra chiquita es otra historia. Existen tasas adicionales que no se perdonan y que mantienen a los migrantes atrapados en un círculo vicioso de deudas impagables.
El impacto en la comunidad
Para nosotros en Tantita Tinta, la preocupación principal es la seguridad y la privacidad. Los investigadores contratados tendrán “derechos ilimitados” sobre los datos que recopilen. ¿De dónde sacarán esa información en nuestros países? No queda claro, pero el riesgo de que utilicen registros públicos o datos crediticios privados es latente.
Alina Das, académica de la Universidad de Nueva York, es contundente: esto es una “escalada significativa” en las políticas antimigratorias. Mientras la Administración continúa con su agenda, la realidad es que el presupuesto se está usando para acosar a personas que, en muchos casos, ya estaban tratando de rehacer su vida lejos de suelo estadounidense.
¿Realmente vale la pena gastar millones de dólares de los contribuyentes en perseguir deudas incobrables? Por ahora, la respuesta de Washington parece ser un sí rotundo, dejando a miles de familias en un limbo jurídico que no parece tener final cercano.
Fuente: WIRED en Español
