Una investigación que sacude al máximo organismo electoral
En Tantita Tinta analizamos la reciente investigación de oficio que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió contra el Instituto Nacional Electoral (INE). El objetivo: esclarecer supuestos daños al erario de más de 66.5 millones de pesos que, según la ASF, el INE no logró solventar desde el año pasado.
¿Qué reveló la auditoría?
El informe preliminar, que se presentará el 20 de febrero de 2027, señala una serie de irregularidades que incluyen:
- Pagos a personas fallecidas (18 trabajadores con nómina activa tras su deceso).
- Contratos con empresas fantasma o de menos de un año de vida (10 compañías recibieron 21 millones de pesos en 2025).
- Conflictos de interés: 57 personas físicas obtuvieron contratos mientras ejercían cargos públicos.
- Omisiones de proveedores que no presentaron sus declaraciones ante el SAT o el IMSS.
Contratos que levantan sospechas
Entre los casos más llamativos está el contrato de 63,241,392.14 pesos adjudicado a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V. para la impresión, producción y distribución de materiales de simulacro del proceso electoral 2023‑2024. La ASF no encontró evidencia de que la empresa haya cumplido con el servicio.
Otros rubros pendientes de aclarar incluyen 1,070,928.52 pesos por impresión de materiales didácticos para la elección del Poder Judicial y 2,250,680 pesos por el arrendamiento del parque vehicular del INE.
Los involucrados y sus lazos
La indagatoria también señala a funcionarios y proveedores que operan en bloque. Un caso destacado es el de Lourdes Piña Soria del Valle, considerada “mano derecha” de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala. Su hija, la conductora de TV Itzel Sandino Piña Soria, es la administradora única de la empresa Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., que aparece como proveedora del INE.
Asimismo, Gilberto Solís Mendívil obtuvo, como persona física, un contrato de más de un millón de pesos para producir una miniserie documental sobre la jornada judicial, mientras también actúa como comisario de la misma empresa.
¿Qué sigue para la ASF?
El máximo órgano fiscalizador confirmó que ya cuenta con “elementos e indicios” suficientes para investigar con independencia y rigor técnico. Si se comprueba la responsabilidad penal, los nombres de los funcionarios podrían quedar públicos y se podrían presentar denuncias penales.
La investigación no se limita al INE; también se extiende a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a sus funcionarios, a compañías y a proveedores vinculados.
Impacto y contexto político
Esta auditoría se suma a un clima de creciente escrutinio a los recursos del INE, que maneja un presupuesto anual que ronda los 30 mil millones de pesos. La falta de transparencia genera desconfianza entre la ciudadanía y alimenta el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno.
Para nosotros en Tantita Tinta, la lección es clara: la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas son esenciales para garantizar que las instituciones electorales operen con la honestidad que la democracia mexicana demanda.
Fuente: El Universal