Agentes de la CIA operaron armados en Chihuahua: el expediente que lo prueba
En Tantita Tinta analizamos los documentos que la Fiscalía General de la República (FGR) puso a disposición de EL UNIVERSAL y que revelan un episodio poco común: agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos habrían participado, armados y con equipo táctico, en un operativo en la sierra de Chihuahua.
¿Qué dice el expediente 408/2026?
El folio ministerial integrado en la causa penal 408/2026, radicado en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, contiene testimonios bajo juramento de policías y peritos que señalan la presencia de dos ciudadanos estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black.
Según el agente Ricardo Faustino Campos Ocón, al ser instruido para guiar dos unidades de escoltas con la misión de documentar un narcolaboratorio, escuchó a las personas que acompañaban al objetivo hablar en inglés. Además, afirmó que esos individuos salieron del convoy desde la cochera de la fiscalía de Chihuahua capital, sin necesidad de pedir un “ride” en la sierra, como inicialmente indicó la autoridad local.
Testimonios de los agentes tácticos
Martín Abad Leal Tapia, adscrito al Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), declaró que los extranjeros participaron activamente en las caminatas tácticas, portaban armas largas, usaban pasamontañas, consultaban coordenadas en tabletas electrónicas y coordinaban directamente con el director de la Agencia de Investigación Estatal (AEI).
Otro elemento del GOT describió a dos individuos siempre encapuchados, sin emitir palabra alguna y ubicados en un área apartada del campamento, a los que no se les permitía acercarse.
Falta de respaldo legal
El dictamen de la Policía Federal Ministerial en materia de Criminalística de Campo, firmado por la licenciada Araceli Bravo González el 11 de septiembre de 2026, concluye que el operativo carecía de cualquier formalidad legal: no existía carpeta de investigación iniciada ni diligencia que justificara la intervención de los agentes de la CIA.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) encuadró esas acciones en el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.
Responsabilidad de otras instituciones
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deslindó mediante el oficio R.J.I-11529/2, donde el coronel Agustín Velasco Sánchez explicó que su intervención se limitó a proveer “seguridad periférica” a petición expresa de la fiscalía local.
El perímetro de seguridad fue vigilado, pero la planeación táctica y el despliegue armado corrieron por cuenta de la fiscalía y los agentes extranjeros.
Rastreo tecnológico y evidencia audiovisual
Un peritaje informático forense (oficio FGR/AIC/PFM/UINP/DIDES/IT/06946/2026) mostró que los agentes federales ingresaron a la empresa Promotora Caribeña S.A. de C.V. (Europcar) y, mediante el VPN FortiClient, accedieron al software Cuadro de Control para rastrear rutas.
El rastreo indicó que el vehículo Volkswagen Jetta color plata, placas EKN199B, rentado por Richard Leiter Johnston III, ingresó al Complejo Estatal de Seguridad Pública (C4) el 16 de abril de 2026 a las 9:54 h y permaneció estático en ese patio oficial hasta las 21:40 h del 19 de abril.
Además, la cámara CH_AS_ENTRADA_TRASERA registró a las 11:13:51 h del 16 de abril a dos individuos con mochilas que se dirigieron hacia la puerta de salida; segundos después, a las 11:15:09 h, apareció un tercer sujeto de tez blanca y estatura alta que coincidía con los rasgos de la célula extranjera.
Intento de ocultar el incidente
Cuando el convoy descubrió la volcadura de una Pick‑Up Ford F150 que transportaba bidones de gasolina extra y se incendió, se emitió una orden estricta para silenciar la presencia de la CIA. Martín Abad Leal Tapia relató que, alrededor de las 2:00 h del 19 de abril, el escolta del jefe Oseguera, Isaías López, indicó a todos que no tomaran fotos ni difundieran información, bajo la supuesta directiva del jefe Zuany.
Consecuencias y reacciones
El exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, y el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, quedaron imputados por el delito de traición a la patria. Ambos enfrentarán proceso en libertad, con medidas cautelares impuestas por el juez.
El caso ha generado debate sobre la soberanía nacional y los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad. Organizaciones de derechos humanos han exigido una investigación exhaustiva y sanciones responsables para quienes autorizaron dicho operativo.
En Tantita Tinta seguimos monitoreando el desarrollo de este asunto y les mantendremos informados de cualquier avance jurídico o político que surja.
Fuente: El Universal