La lucha por la justicia en un sistema que ignora el género
En Tantita Tinta creemos firmemente que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho fundamental. Sin embargo, casos como el de Alejandra Suárez nos recuerdan que, para muchas mujeres en México, el camino hacia la reparación del daño es un laberinto lleno de negligencia, revictimización y trabas institucionales.
Alejandra, una joven de 32 años que trabajaba como conductora de taxi de plataforma, vivió lo impensable hace apenas tres meses. Tras ser citada bajo engaños por Ambrosio “N”, un sujeto a quien conocía solo por motivos laborales, fue brutalmente atacada. Lo que comenzó como un servicio de transporte terminó en una pesadilla donde recibió nueve disparos que, milagrosamente, no lograron arrebatarle la vida, pero sí le arrebataron su paz y su capacidad de llevar una vida normal.
Una narrativa que no encaja en el expediente
Lo más grave de este caso, según denuncia la familia de la víctima, no es solo la brutalidad de la agresión, sino el trato recibido por las autoridades. Alejandra afirma que la declaración que fue obligada a firmar inicialmente no coincide con los hechos. Ella asegura que, tras golpearla y arrastrarla al interior de un domicilio en el Estado de México, el agresor intentó forzarla a tener relaciones sexuales, ordenándole desnudarse a punta de pistola.
A pesar de la gravedad del ataque, que incluyó intentos de asfixia, golpes en la cabeza con una silla y nueve impactos de bala en diversas partes del cuerpo —pecho, espalda y axilas—, el proceso judicial ha sido cuestionado por la reclasificación del delito. De ser investigado como intento de feminicidio, el caso pasó a ser tratado como un intento de homicidio común.
Las fallas del sistema: Del hospital a la Fiscalía
La hermana de Alejandra, Arlet, ha sido la voz principal en esta batalla legal. Ella relata cómo, tras el ataque, el sistema de salud les falló: “Mi hermana llegó desnuda al hospital y no le hicieron ningún examen para descartar una agresión sexual. Ni siquiera le aplicaron los protocolos de emergencia necesarios”. La falta de atención médica adecuada obligó a la familia a buscar ayuda privada ante las complicaciones e infecciones derivadas de una cirugía que, según denuncian, fue gestionada con una demora de ocho días y un traslado indigno en una patrulla.
El colectivo Asiel Reconstruyendo Vidas, que ahora acompaña a la víctima, señala inconsistencias alarmantes:
- Falta de pruebas: En tres meses, las autoridades no han logrado localizar las armas utilizadas.
- Sospechas de corrupción: El colectivo apunta a que la rapidez con la que se reclasificó el delito sugiere intereses ajenos a la ley.
- Revictimización: El Ministerio Público llegó a decirle a Alejandra que “diera gracias por estar viva”, minimizando la magnitud del crimen.
Justicia con perspectiva de género, no un favor
Para nosotros en Tantita Tinta, es imperativo que las autoridades del Estado de México entiendan que el feminicidio no es un adjetivo, es una realidad jurídica que exige perspectiva de género. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que se reconozca la violencia extrema de género que Alejandra sufrió. Actualmente, el agresor se encuentra vinculado a proceso en el penal de Texcoco, pero la familia no quitará el dedo del renglón para que el caso sea reclasificado y la justicia sea plena.
La próxima audiencia del 24 de junio es crucial. Se espera que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEM) finalmente asigne un asesor jurídico que esté a la altura de las necesidades de Alejandra, quien hoy, a pesar de las secuelas físicas y las cicatrices que marcan su piel, sigue en pie luchando para que ninguna otra mujer tenga que pasar por el calvario de ser revictimizada por quienes deberían protegerla.
Fuente: El Universal
